miércoles, 4 de diciembre de 2013

comunicado en defensa de las cuevas


Convocamos a la ciudadanía con cierta sensibilidad por lo social con el objeto de evitar una nueva intentona de desalojo de los vecinos que habitan las cuevas del Cerro de San Miguel alto y Valparaíso apoyar la propuesta de soluciones viables y consensuadas para el Patrimonio Humano que conforma la Realidad Social del cerro.
Es con el estilo político que se gasta el partido mayoritario en el Ayuntamiento de esta ciudad, heredero de la vieja mano dura y que se sirve del puñetazo en la mesa y el barrido general para demoler los problemas a su alrededor en lugar de solucionarlos, el modo en que pretende, una vez más, gestionar la gerencia de Urbanismo la problemática que han ayudado a crear de manera pasiva (crear un problema para imponer la solución planificada desde un principio es una vieja táctica política de muchos conocida).
Negligeste, agresiva, irresponsables políticamente y faltas de ética social son las manos que mueven los hilos administrativos con permutas ilegítimas de terrenos y decretazos urbanísticos para erradicar el modus vivendi troglodita del entorno periurbano de los barrancos llamados “Barrios Altos de Granada”, una idiosincrasia etnográfica tan propia de la historia andaluza como la que más; cuando es precisamente el amparo social el principio democrático por el que debieran regirse nuestros políticos en un ejercicio de empoderamiento abusivo, agresivo, antisocial e interesado a todas luces más propio de una empresa turística privada que un gobierno responsable que dice “estar con la gente y sus problemas” en sus proclamas electorales.
Como Asociación de Vecinos estables que hemos asumido de largo un proyecto de vida en este lugar, desde que el problema se institucionalizó, venimos reclamando la normalización/regulación de nuestra situación doméstica, pero hoy lo hacemos desde el hartazgo hacia un estilo político impropio de estos tiempos, ejercido a base de decretos reciclados de otros años “por ver si cuela” en el pleno, en losmedios y en los juzgados. 
La misma orden de desahucio emitida y repartida en 2007 ha sido entregada a 8 de las 64 viviendas hipogeas que sufrirán el peso de estas intenciones administrativas. Pero una orden ha de ser judicial, y no solo administrativa, para que surta efecto jurídico y real. 
Éste no es un problema urbanístico; sino también histórico, ecológico, turístico y social. Y ni siquiera sería un problema si se actuara con consenso, diálogo y madurez en el ideario político, pensamos. Históricamente existe una identidad troglodita en Granada como en Guadix, Baza, el resto de Andalucía y el resto del Mediterráneo europeo, que no acepta que los propios policías, ejecutores finales de la orden, sean quienen “sirvan de protección y auxilio” a los moradores desahuciados tras haberles también extraído al exterior de la cueva sus enseres personales y, con ellos, su proyecto de vida afincado en este lugar al que siempre le fue legítima la vida vecinal sin otra solución que facilitar el teléfono de Servicios Sociales. 
No solo desoyen nuestra voz y proyectos presentados, las múltiples soluciones propuestas desde la oposición política, la voz joven de la calle, sino también el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad y la protección paisajística de UNESCO y el Convenio Europeo del Paisaje (que obliga a España a tomar medidas de sensibilización social con los afectados) sino que aspiran a eclipsar la sentencia judicial irrevocable emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en 2008 calificaba nuestros “domicilios” de “inviolables”.
Aquí queremos hacer ver que la actitud municipal del PP y la Gerencia de Urbanismo gestiona con perversidad la titularidad de las cuevas desde que un proceso de Doble Venta tipificado legalmente deslegitima sus pretensiones de hacerse con todas ellas, caiga quien caiga, presumiendo de un comportamiento político más propio del corporativismo privado. 
Propio del urbanismo de derechas es, sin embargo, destruir un arrabal y expropiar a sus vecinos para hacer una ancha avenida rectilínea y vigilable desde sus extremos ; o “desterrar” a los habitantes que, por precariedad, se encumbraron desde siempre en las zonas periféricas más altas de una ciudad para coronarlas a posteriori los “señores” apoyados por los políticos en el poder (caso de las fabelas de Río de Janeiro ante la inminente celebración de los Juegos Olímpicos), o la desagregación de los bancos de cualquier parque para no fomentar la reunión.
Nosotros estamos a favor de un parque turístico, pero también de la integración de lo social en lo urbanístico, tal y como demanda y ejerce un quehacer político de este siglo y tal y como proponen otros ejemplos europeos, como el del “Parque de la Murgia Materana”, en la provincia italiana de Matera, que acusó nuestra misma situación de acoso, incomprensión y desamparo institucional hasta que llegaron, a través del diálogo y el consenso de criterios de seguridad, funcionalidad y estéticos, a su propio final feliz. Pero quizá nuestros políticos deban viajar más.
Porque, como corresponde a un gobierno infantil y caprichoso, es mentira que las cuevan tengan solo 40 años, que vivamos como perros, que nos hayan avisado con tiempo suficiente del apoyo judicial para el desalojo (la anterior orden carecía de forma jurídica y validez y por eso recurrieron al TSJA la desestimación del intento de desalojo anterior en 2007). Es mentira que hayan peritado la seguridad y la salubridad “cueva por cueva” de las afectadas, que las notificadas se hayan tapiado anteriormente, que el Ayuntamiento tenga la titularidad de la propiedad de cada una. Es mentira que la titularidad del terreno haya sido adquirido legítimamente por estar involucrado en un proceso de Doble Venta y es falso el estado de ruina decretado por Urbanismo o la supuesta activación de los Servicios Sociales en un eventual proceso de desalojo y tapiado de cuevas.
Lo que pesa en la imagen del cerro es la trivialización, la criminalización, el rechazo, la “fabelización” y la mala prensa planificadas cuando se meten a todos los vecinos, justos por pecadores, en un mismo saco, o cuando éstos quieran ser barridos de la faz granadina como si se tratara de “vagos y maleantes”, como decía aquélla vieja ley franquista. Como en cualquier barrio, en éste hay de todo, pero es la negligencia pasiva-agresiva y la corrupción de los responsables (tantas veces apuntados desde algún medio de la prensa local, hoy desaparecido como es “La Opinión de Granada”) del cuidado y la regeneración de este entorno periurbano lo que se oculta agazapada tras las pitas y chumberas de estos barrios. 

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